*Los representantes del sector denuncian en Europa la carga fiscal española
La industria náutica española quiere dejar de ser considerada como un lujo, un estatus que nunca ha querido tener y que está haciéndole mucho daño. Por eso, los principales representantes del sector han decidido presentar una denuncia ante la Comisión Europea por el impuesto de matriculación que grava las compras de yates de recreo en el país. “Nos hemos visto obligados, porque llevamos demasiado tiempo sin ver cambios por parte de los legisladores”, explica Miguel Ángel Serra, socio del bufete Albors Galiano Portales y asesor fiscal de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), que estos días ha celebrado su tradicional congreso anual en Palma de Mallorca.
La denuncia, presentada de forma conjunta por ANEN y por la Asociación Española de Grandes Yates (AEGY), persigue la supresión de este gravamen, “un impuesto anacrónico que no existe en ningún otro lugar del mundo”, dice Carlos Sanlorenzo, secretario general de ANEN. “Somos el único país que aplica una doble tributación a la compra de una embarcación de recreo”, prosigue. Y es que, además del 21% de IVA, la compra de un barco de más de ocho metros de eslora tiene que tributar el 12% del impuesto de matriculación, por lo que la transacción final “se incrementa un 33%, más los costes derivados del puerto, el combustible o el mantenimiento”.

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