El Congreso da luz verde a la Ley de Navegación Marítima (16 mayo 2014)

La Comisión de Justicia del Congreso ha dado este martes luz verde al proyecto de ley de Navegación Marítima con los votos del PP y UPyD, tras incorporarse al texto inicial del Gobierno una docena de enmiendas de la oposición y trece transaccionales, además de las 17 propuestas de modificación planteadas por los ‘populares’.
El texto completo del proyecto de ley se ha votado finalmente en tres partes. Así, tanto el PP como UPyD han votado a favor del conjunto de la norma, mientras que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el PNV se han opuesto en su totalidad.
Por su parte, los socialistas han respaldado la regulación de los certificados de seguridad, pero se han abstenido en el resto, lo que ha generado cierto malestar en el partido que da sustento al Gobierno. CiU, finalmente, ha rechazado la normativa sobre constitución de la hipoteca, sobre accidentes de navegación y sobre registros, y se ha abstenido en el resto.
Dado que la Comisión de Justicia tenía competencia legislativa plena para aprobar este proyecto de ley, la norma será ahora remitida al Senado para continuar con su tramitación.
El diputado socialista José Segura ha subrayado el “gran calado” de este proyecto de ley, que regulará un “sector clave y fundamental de un país ribereño” como España, como es el del transporte marítimo. En este punto, ha reconocido que parte del texto del Gobierno coincide con propuestas anteriores del PSOE y ha valorado que por fin salga adelante esta reforma, después de tres intentos en quince años.
Sin embargo, el resto del proyecto es “sustancialmente mejorable” y por eso el principal partido de la oposición ha presentado enmiendas que buscan “homogeneizar el ordenamiento jurídico doméstico con el derecho marítimo internacional, proporcionar mayor seguridad jurídica al tráfico marítimo, y reflejar la realidad práctica actual del transporte marítimo, que en nada se asemeja al de hace un siglo”.
En concreto, los socialistas pretenden con sus propuestas de modificación “incrementar la eficiencia del sistema de seguridad jurídica preventiva” manteniendo la vigencia de los títulos públicos de registro de buques, “mejorar” la regulación de los contratos de utilización de buques para “allanar el camino” a la entrada en vigor de las nuevas Reglas de Rotterdam, que deberán incorporarse a no mucho tardar a la normativa nacional, “proteger al pasajero” marítimo, e incrementar la regulación sobre contaminación de la mar o salvamento marítimo, que en el proyecto resulta “incoherente”.
Por CiU, Jordi Jané ha criticado el “trámite inadecuado” que se ha dado a un proyecto de ley “de esta magnitud”, que será aprobado en el Congreso “con una única reunión de ponencia y una apresurada sesión en Comisión”. Además, ha lamentado que “no haya habido un acuerdo más amplio” a pesar de la disposición manifestada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de negociar cambios en el texto.

En concreto, el nacionalista catalán echa en falta que no se regule un “proceso de subasta notarial de buques” o que no se haya solucionado la regulación de las hipotecas navales como documento público, ambas propuestas recogidas en las enmiendas de CiU, y ha subrayado también su deseo de “preservar las competencias autonómicas” en materia de autorización de intervenciones de arqueología subacuática.

El diputado del PNV Emilio Olabarria ha centrado sus enmiendas al proyecto en la “salvaguarda de los requerimientos competenciales” previstos en la Constitución, en el estatuto de autonomía y en algunas normas forales sobre temas como despacho de buques, gestión portuaria, registros de buques o pesca.

El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, ha lamentado que este proyecto de ley haya sido tramitado “sin pena ni gloria” y prácticamente como una norma menor pese a su relevancia, y ha afirmado que el texto, tal y como va a ser aprobado en la Comisión, será “fallido” porque “pese a actualizar una norma centenaria ni moderniza ni compila ni aborda los principales problemas de la marina civil y la navegación marítima”.
“Nuestro volumen de enmiendas representa la magnitud de nuestro desacuerdo con el proyecto de ley, que tiene demasiada poca dimensión. Esta ley es una oportunidad perdida”, ha insistido el diputado, para quien el contenido aumenta la inseguridad jurídica, supone una “desprofesionalización” del sector y no permitirá luchar de forma suficiente contra la contaminación marítima.
El portavoz de Fomento del PP en el Congreso, Andrés Ayala, ha replicado que la tramitación de la ley se ha hecho con una buena negociación parlamentaria y “sin ningún tipo de prisas”, dada la “trascendencia” del texto, que “regula materias de derecho privado y de derecho público” y que supone a derogación del Código de Comercio, que data del siglo XIX.
“La trascendencia de la ley ha permitido que alcancemos acuerdos importantes en los que el PP ha hecho un ejercicio de apertura y aceptación de muchas enmiendas”, ha recordado, argumentando su rechazo a los cambios en materia de contaminación marítima o salvamento en la mar en que esos temas ya están regulados en otras normativas, con lo que esos aspectos están “perfectamente actualizados con coherencia y en sintonía con el derecho moderno internacional”.
Por otra parte, ha negado que este proyecto de ley conculque ninguna competencia autonómica, tal y como han puesto de manifiesto “diferentes informes” que el PP ha entregado a los grupos de la oposición, y ha defendido la escrituración privada de los buques, en línea con lo que sucede en el resto del mundo y para no perjudicar a los empresarios navales españoles en cuanto a los costes. “Creo que el texto de la ley aprobado es satisfactorio para todos los grupos. Pido que salga adelante con el mayor apoyo, para que dé idea de la trascendencia que el Congreso da a esta legislación. Queremos compartir la autoría del proyecto con el resto de grupos, porque tanto la ley como el sector lo merecen”, ha zanjado.
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